Para los que apoyaron la nueva ley, el voto voluntario viene a poner al día parte de nuestra legislación electoral, ya que replica la experiencia de gran parte el mundo y le imprime un carácter positivo al acto de sufragar al dejar de ser una obligación. Los críticos -especialmente en la oposición- creen que la voluntariedad hará que la participación siga su tendencia a la baja, en especial en las elecciones con menor impacto, como las de concejales y alcaldes, donde se teme que los electores no inscritos en su comuna de residencia se resten de participar. Los optimistas creen que lo anterior se verá compensado con la inscripción automática que hará crecer en unos 5 millones el universo de votantes.
Ha sido calificada como la principal revolución electoral de nuestro país desde que se reabrieron los padrones al final de la dictadura. La llegada de unos 5 millones de nuevos electores amenaza con cambiar de plano todo el proceso, porque no sólo se trata de un aumento cuantitativo, sino porque los candidatos tendrán que modificar drásticamente sus campañas para conquistar a esa nueva masa electoral, que en gran medida estará formada por jóvenes. El sistema también acarrea profundos desafíos para el Estado, el que deberá generar las condiciones para que el incremento no afecte las votaciones, ya que habrá nuevos padrones, deberán crecer los locales, las mesas y el número de vocales.
Hace unos días la Concertación tuvo la experiencia más amplia de realización de primarias al elegir a 146 candidatos a alcalde de todo el país. El proceso fue voluntario, ya que la ley que espera normarlo se discute hoy en el Senado. La idea es que a través de comicios preliminares se elijan los postulantes no sólo a los municipios, sino que también al Parlamento y en especial a La Moneda. La intención es que se trate de elecciones simultáneas de todos los conglomerados, financiadas por el Estado y lo más importante, obligatorias en lo que a sus resultados se refiere, tal como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, Argentina o Venezuela, donde este tipo de comicios son una verdadera prueba de fuego para las coaliciones participantes.
En no más de 170 días se podrán resolver los conflictos civiles. Ese es el principal objetivo que tiene la reforma procesal. Una iniciativa que firmó el gobierno el 12 de marzo, para seguir con la modernización de la justicia y que va de la mano con la Reforma Procesal Penal, la nueva Justicia de Familia y los cambios a las Justicia Laboral y de Cobranza Previsional. Este nuevo código, sustituirá los procedimientos que hoy se hacen de forma escrita y engorrosa, privilegiando la oralidad. Con esto, los plazos se reducirán considerablemente, dejando en el pasado procesos que se demoraban en promedio 5 años en primera instancia y otros 5 años en segunda.